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La extensión rural desempeña un papel importante en el desarrollo sostenible de los sistemas productivos y el mejoramiento de la calidad de vida de las  comunidades rurales. En Colombia, la asistencia técnica se remonta a inicios del siglo XX, cuando el gobierno nacional y varias organizaciones internacionales iniciaron la implementación de programas orientados a mejorar las prácticas  agrícolas y la productividad del sector. Desde el inicio de su implementación hasta la actualidad, la asistencia técnica ha evolucionado tanto en sus procesos como enfoques, adaptándose a los contextos locales y a los nuevos desafíos que enfrentan los actores rurales, como el cambio climático, la globalización y las  demandas de un mercado cada vez más competitivo. Los paradigmas de la  extensión agropecuaria han cambiado desde enfoques tradicionales, basados en la transmisión de conocimientos, hacia modelos participativos que fomentan la colaboración y la innovación entre los agricultores. En este sentido, es fundamental analizar el extensionismo crítico, que pone énfasis en la reflexión sobre las  realidades sociales y económicas de los actores involucrados, promoviendo un enfoque que no sólo transfiere tecnología, sino que también empodera a las comunidades rurales a tomar decisiones informadas sobre sus actividades productivas e incidencia en los procesos territoriales. De igual forma, dados los cambios en los enfoques de la extensión agropecuaria, se requiere fortalecer el rol del extensionista agropecuario como facilitador de procesos de innovación y desarrollo rural, esto implica el desarrollo de diferentes competencias que permitan un adecuado acercamiento con los diferentes actores rurales y desde una comprensión holística de las necesidades territoriales. Eso, se encuentra  reglamentado por el marco normativo de la extensión agropecuaria en Colombia. Este marco no sólo regula las prácticas y principios de la extensión, sino que también define los roles y responsabilidades de los diferentes actores que intervienen con base en la Ley 1876 de 2017. Así, una formación idónea debe incluir cuidosa atención a estas normas.